Parece que nadie quiere enfocar esta parte del problema pero, es una realidad que en tiempo de crisis las empresas más importantes y las grandes fortunas evaden pagar sus impuestos depositando sus fondos o invirtiendo en paraísos fiscales, lo que afecta gravemente en el déficit público y en la destrucción del estado del bienestar. La Unión Europea está tomando casi a diario decisiones que afectan a nuestro futuro, pero ninguna de ellas va encaminada en la dirección de luchar contra el fraude y los paraísos fiscales. Eso sí, desde que en 2007 estalló la crisis la U.E ha destinado, destina y destinará millones de euros públicos para sanear las cuentas de la banca privada. Mientras tanto la ciudadanía debe soportar con resignación durísimos recortes sociales, reducción de salarios y pensiones, despidos, privatizaciones, eliminación de servicios sociales básicos... y así un larguísimos etcétera.
La seguridad privada ha pagado en sus carnes las consecuencias de la grave crisis económica y sus trabajadores han soportado severamente las envestidas de una patronal que no está acostumbrada a recortar sus márgenes de beneficios. Los tres últimos años hemos observado como nos han congelado el salario mientras las empresas le seguían repercutiendo el IPC a sus clientes. Ahora, justo cuando toca actualizar nuestro sueldo, van y nos dicen que no tienen forma de hacer frente a esta subida y que, de hacerla efectiva, va a afecta gravemente al sostenimiento del empleo. La realidad es que alrededor del 60 por ciento del personal habilitado se encuentra inactivo en la actualidad y que, de los que sí tienen la suerte de trabajar, la mayoría manifiesta no llegar a final de mes, ya que su salario no llega a alcanzar ni los 900 euros. Nuestro sector se ha convertido en un un gremio con una mano de obra barata, con condiciones precarias y una alta peligrosidad. Pero las empresas no están contentas y nos dicen que tenemos que estarles eternamente agradecidos y que, seguramente, habrá que sacrificarse un poco más.
¿Hasta dónde?
